Entra en vigor del reglamento (UE) 2023/1115: Un paso clave hacia cadenas libres de deforestación
Published on 9 de julio de 2025
El 29 de junio de 2023 entró en vigor el Reglamento (UE) 2023/1115, una ambiciosa medida de la Unión Europea que busca garantizar que los productos comercializados en su mercado no contribuyan a la deforestación ni a la degradación forestal mundial. Esta nueva legislación representa un hito en la lucha global por la sostenibilidad y la protección de los ecosistemas.
El reglamento impone requisitos estrictos de trazabilidad y diligencia debida a empresas que importan, comercializan o exportan productos como cacao, café, soya, aceite de palma, madera, carne bovina y caucho, así como algunos de sus derivados, como cuero, muebles o papel impreso.
A partir de su aplicación efectiva, las empresas deberán demostrar que sus cadenas de suministro están libres de deforestación a partir del 31 de diciembre de 2020.
Esta medida tendrá un impacto directo en los socios comerciales de la UE, incluidos países latinoamericanos como México, quienes deberán fortalecer sus mecanismos de monitoreo, transparencia y certificación ambiental. Si bien representa un desafío, también abre oportunidades para aquellos productores y exportadores que adopten prácticas sostenibles y puedan garantizar el origen responsable de sus bienes.
Con este reglamento, la UE se posiciona como líder en la promoción de cadenas de suministro más verdes y éticas, respondiendo a la creciente demanda de los consumidores europeos por productos ambientalmente responsables.
El cumplimiento de esta normativa no solo es una obligación legal, sino también una ventaja competitiva para quienes buscan acceso preferencial al mercado europeo. Además, se exigirá información de trazabilidad de parcelas, incluyendo coordenadas geográficas.
El incumplimiento del Reglamento conlleva riesgos significativos, incluyendo sanciones económicas proporcionales al daño ambiental, la incautación de productos, la exclusión temporal del acceso al mercado de la UE y sanciones administrativas.
Se debe tener presente que las autoridades competentes realizarán controles basados en el riesgo y dispondrán de amplias facultades para auditar y verificar la información proporcionada por los operadores. Debe estar listo para diciembre del 2025 cuando inicie la implementación de forma oficial.